Nueva normativa en Cataluña: se crea el Comité de Valoración de Víctimas del Amianto

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha publicado la Orden SLT/206/2025, mediante la cual se crea el Comité de Valoración de las Víctimas del Amianto, un órgano oficial que tendrá un papel fundamental en el reconocimiento sanitario y administrativo de las patologías derivadas de la exposición a este material.

Esta nueva estructura es un paso decisivo dentro del marco establecido por la Ley 21/2022 y el Real Decreto 483/2025, que regulan el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Gracias a esta Orden, Cataluña dispone ya de un procedimiento claro, especializado y homogéneo para evaluar patologías y emitir el Certificado de Patologías derivadas de la Exposición al Amianto, documento imprescindible para solicitar compensaciones económicas ante la Seguridad Social.

La creación de este Comité no solo representa un avance administrativo, sino también un reconocimiento institucional de la gravedad del problema del amianto y de la necesidad de abordar su legado de forma rigurosa, coordinada y proactiva.

¿Qué implica esta nueva medida? El papel del Comité de Valoración

La Orden establece la creación de un órgano colegiado integrado por especialistas en tres áreas clave:

  • Medicina del Trabajo
  • Salud Pública y Salud Ambiental
  • Neumología

Este equipo multidisciplinar permite una evaluación completa, rigurosa y ajustada a protocolos estatales para determinar:

  • La existencia de una patología indemnizable (según el anexo II del RD 483/2025).
  • El nexo causal entre la enfermedad y la exposición al amianto.
  • El grado de afectación, la tipología de exposición (laboral, doméstica o ambiental) y la documentación acreditativa necesaria.

¿Qué supone para las víctimas y sus familias? Procedimiento, garantías y reconocimiento

La creación del Comité implica que, a partir de ahora:

✔️ Existe un procedimiento unificado para acreditar patologías por exposición al amianto

Por primera vez en Cataluña, los afectados disponen de un mecanismo regulado, con formularios oficiales, requisitos claros y plazos definidos. Esto evita disparidades, agiliza trámites y garantiza criterios homogéneos en todo el territorio.

✔️ Se facilita el acceso al Fondo Estatal de Compensación

El certificado emitido por la Generalitat es un requisito imprescindible para solicitar compensaciones económicas. Sin este documento, la Seguridad Social no puede reconocer el derecho a indemnización.

✔️ Se fortalece la protección jurídica y sanitaria de las víctimas

El Comité evalúa tanto enfermedades laborales como derivadas de exposición ambiental o doméstica, considerando incluso supuestos en los que el contacto con amianto no fue directamente laboral (convivencia con trabajadores expuestos, proximidad a instalaciones, manipulación doméstica de ropa contaminada, etc.).

✔️ Se reconocen plazos específicos y derechos administrativos

El Departamento de Salud debe emitir el certificado en un máximo de 3 meses.
Si no lo hace, se entiende desestimado por silencio administrativo, lo que permite interponer recursos y continuar el proceso por vía formal.

En definitiva, esta medida establece un marco de garantías, transparencia y derechos para afectados y familiares, al tiempo que subraya la magnitud y el impacto social del problema del amianto.


Una realidad que refuerza la importancia de retirar el amianto cuanto antes

El reconocimiento institucional del daño provocado por el amianto evidencia una verdad incuestionable:

⚠️  El amianto continúa presente en miles de cubiertas y edificaciones de Cataluña, y sigue siendo un riesgo mientras no se retire. A pesar de estar prohibido desde 2001, gran parte del fibrocemento instalado entre 1960 y 1990 continúa en uso.

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✔️ Encapsulado, transporte y gestión del residuo en centros autorizados
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Trabajamos con equipos especializados y garantizamos intervenciones rápidas, seguras y adaptadas a la actividad del cliente, minimizando riesgos.

La nueva normativa demuestra la importancia de contar con profesionales que entienden la regulación, la salud pública y los requisitos técnicos del desamiantado.


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